25 ago 2007

OPINION DE VICTOR GARCIA COSTA

“El olvido de las formas institucionales trae, más tarde o más temprano, grandes dolores a los sectores más débiles de la sociedad.”

SOBRE EL DEDO Y LAS FORMAS

Seguramente por haberlo aprendido de nuestros maestros en la vida política y social y haberlo comprobado después hasta el hartazgo, estamos convencidos de la necesidad del respeto por las formas institucionales establecidas. De ese aprendizaje nos viene el convencimiento de que los que menos fuerza tienen, normalmente son los que tienen más razón.
Porque la verdad es que si no tienen la fuerza y tampoco tienen la razón, entonces no tienen nada. Y es por eso mismo que los más débiles no deben desentenderse de las formas institucionales y de su respeto, aunque ese desentenderse obedezca a la razón, normalmente efímera y circunstancial, de que esa vulneración de las formas aparentemente los favorece.
Los más débiles en la estructura social son los que más deben aferrarse a la defensa de las formas, especialmente a las formas del Derecho, en las que reside el máximo posible de su protección jurídica. El olvido de las formas institucionales trae, más tarde o más temprano, grandes dolores a los sectores más débiles de la sociedad.
Los argentinos tenemos muchísimos ejemplos de ello, hasta alcanzar el carácter de verdaderas tragedias. La teoría según la cual si la vulneración de las formas nos favorece debemos mirar para otro lado, es un pésimo consejo. Los que pueden vulnerar y normalmente vulneran las formas son los que tienen el poder para hacerlo y, precisamente por eso, los más débiles no deben desentenderse de ello. Es posible que hoy las vulneren de manera que pueden favorecer a los más débiles, pero mañana seguramente van a ser vulneradas para afectarlos en sus derechos o para justificar los privilegios de los que más tienen.
No hace mucho tiempo, a pesar de que la Constitución dice que la confiscación de bienes está borrada de nuestro sistema institucional, el poder ejecutivo estableció el corralito y luego el corralón y a cientos de miles de modestos ahorristas le fueron confiscados sus ahorros. Los perjudicados entonces no miraron para otro lado porque se trataba de sus intereses económicos más directos.
El Constitucionalismo ha sido un gran avance en el sentido de establecer las formas institucionales y de preservarlas. No tenemos la ingenuidad de creer que la Constitución es ajena a la estructura económicosocial de la Nación. De ninguna manera. Cada Constitución es el reflejo de la estructura económicosocial de su tiempo, y en una sociedad dividida en clases, la justicia es de clase, la educación es de clase, todo es de clase, pero a medida que las mayorías populares van alcanzando un mayor espacio de participación, la Constitución y las formas son, además de una limitación al poder de los más fuertes, la posibilidad de una mayor garantía para la preservación de los derechos de los más débiles.
Cuando se ha elegido un sistema institucional regido por normas constitucionales y legales hay que ajustarse a ellas. Sólo el DERECHO A la Revolución, entendida ésta como el derecho a cambiar las estructuras económico-sociales, justifica la alteración del sistema institucional para crear uno nuevo como DERECHO DE la Revolución.
Más allá de la simpatía con que vemos muchas de las acciones de este gobierno, no nos gusta el dedo -mucho menos familiar- como instrumento de elección de los candidatos. Aún reconociendo la profunda crisis de los partidos políticos, la dedocracia es, además de inconstitucional, normalmente funesta. No importa que hoy favorezca o aparentemente favorezca a la voluntad de los más débiles.
El sistema elegido, por no nacer en el DERECHO DE una Revolución, es francamente monárquico y antirepublicano. Nos atreveríamos a decir más: aunque la fórmula digitada fuera plebiscitada electoralmente, conllevaría un vicio de origen que la afectará siempre. Si no fuera así tendría validez aquella afirmación del dirigente conservador Matías Sánchez Sorondo, 'el enterrador', ministro del interior del dictador José Félix Uriburu, 'von Pepe', quien sostenía el absurdo de que si el pueblo elegía a un dictador, entonces eso sería una 'dictadura democrática'.

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